El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en Alicante, Miguel Ángel Pavón, pedía recientemente a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que traslade a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, un pronunciamiento contrario a la planta de residuos peligrosos que Marpol Alicante pretende instalar en el puerto.

El objetivo de esta planta de tratamiento sería el de almacenar y tratar residuos “peligrosos, nocivos, tóxicos y cancerígenos procedentes de buques”, tal y como lo han calificado fuentes de EU. Su petición se justifica en que Infraestructuras ha remitido a Urbanismo un escrito emplazando al ayuntamiento a pronunciarse en un plazo de 20 días sobre la documentación aportada por la empresa para solicitar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que precisa la planta. Pavón recordaba a Castedo que “su informe favorable a la AAI de la planta de biodiesel justificó una sentencia favorable a la empresa promotora y a su petición de indemnización al ayuntamiento por no conceder licencia y espera que el Ayuntamiento no vuelva a cometer el mismo error”.

Desde EU reiteran que consideran positiva la instalación de una planta para este tipo de residuos para evitar su vertido al medio marino, pero “no se han estudiado otros emplazamientos en suelo industrial de la ciudad, como el sector APD-21 o la Plataforma Logística de la Serreta, que están suficientemente alejados de zonas habitadas”. El regidor denunciaba que el proyecto aportado por la mercantil, que forma parte de la documentación recibida en Urbanismo, pretende obviar la cercanía de la planta a zonas habitadas al no hacer ninguna referencia a barrios cercanos como Gran Vía Sur, San Gabriel, Benalúa o Ensanche-Autobuses.

El concejal de EU ha denunciado también la pretensión de la empresa de que no se apliquen dos decretos estatales que regulan situaciones de accidente y emergencia ligadas a la presencia de sustancias peligrosas (RD 1254/1999 de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y RD 393/2007 de autoprotección en el caso de actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia) y ha exigido que ambos decretos se apliquen a una instalación que va a almacenar y tratar miles de litros de residuos de hidrocarburos.

Para Miguel Ángel Pavón, “el riesgo de una explosión accidental de los depósitos ha de valorarse teniendo en cuenta la gran cercanía de la planta a varios barrios de la ciudad, un riesgo que no existiría en emplazamientos alternativos como el del sector APD-21”.