El Consejo de Administración del puerto de Alicante ha aprobado la propuesta del presidente de la AP, Miguel Campoy, de incoar un expediente sancionador a la empresa prestataria del servicio de remolque de buques, Realsa (en manos del grupo Bergé).

La decisión de la compañía de despedir a dos tripulaciones “puso en peligro la calidad y seguridad del servicio”, se explica desde la AP.

Además, estos hechos -ocurridos la semana pasada- ocurrieron tras alcanzar un acuerdo previo de incremento de tarifas entre la empresa concesionaria y la Autoridad Portuaria de
Alicante.

Unas de las condiciones que espera la AP es que la nueva adjudicatoria del servicio integre a los seis trabajadores despedidos.