El endurecimiento de algunos Estados en las condiciones de entrada de mercancías de otros países está afectando a la cifra de negocio de empresas exportadoras de la provincia, sobre todo a las vinculadas con los sectores agroalimentario y textil, según explicó el secretario general de la patronal, Javier López Mora.

Las restricciones han partido en su mayor parte de Francia, Reino Unido y Alemania, principales mercados de las empresas de la provincia para colocar sus productos. En lo que Coepa califica de "prácticas obstruccionistas" las trabas a la exportación se traducen en la exigencia de determinados requisitos que no constan en las normativas europeas.

Según Coepa, algunas de las condiciones impuestas por esos tres países para permitir la circulación de mercancías están alentadas por los grandes distribuidores continentales, caso de Carrefour en Francia o Lidl en Alemania.

Las restricciones están afectando a exportadores de frutas y verduras del Vinalopó y la Vega Baja, y en muchos casos, según López Mora, y al comercio exterior del textil de l´Alcoià y El Comtat. En este último caso, países de la UE exigen la presentación de un certificado (el Oeco-Tex) que supera los requerimientos de Aenor en España o de las normas comunes europeas. "En el Reino Unido, incluso exigen que todos los productos incorporen una etiqueta de calidad propia, la Natur Choice, cuya tramitación se dilata mucho tiempo", agregó López Mora. En otros casos, los países se niegan a aceptar las homologaciones legales españolas que acompañan la mercancía.

A juicio de la organización, "estas prácticas obstruccionistas provocan la pérdida de oportunidades de negocio de las empresas de la provincia afectadas, incrementan sus costes y complican sus campañas exportadoras".

Las restricciones fueron detectadas a través del Euro Info Centre de Coepa, que canaliza los asuntos de ámbito europeo que pueden afectar a las empresas de la provincia. Así, el departamento empresarial trasladó a la UE un total de 38 casos en los que varias empresas alicantinas se han visto perjudicadas, y explicó que su objetivo es que las autoridades comunitarias remedien que determinados grupos económicos "establezcan, a su albedrío, nuevas cláusulas adicionales por encima de las directivas generales de la UE".

Coepa ha detectado que las empresas que sufren estas prácticas se someten resignadamente a las mismas para poder vender y agrega que "les aboca a superar nuevas certificaciones y auditorías". El modelo de empresa que más dificultades tiene es una pyme madura, del sector agroalimentario y con menos de 50 empleados.