El Ayuntamiento de Alicante presentó ayer en el Puerto las alegaciones contra la instalación de los depósitos de combustible. Las alegaciones hacen constar, en primer lugar, que la actuación prevista “choca frontalmente con el histórico espíritu de lealtad institucional y de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para favorecer la integración puerto-ciudad”, ya que los usos y aprovechamientos previstos para los depósitos de carburantes son “manifiestamente incompatibles con el modelo de ciudad y el marco de progreso que queremos para Alicante”.

Imagen aérea del puerto de Alicante

A este respecto, el alcalde, Luis Barcala, ha incidido en que “el Puerto no puede dar la espalda al sentir de toda una ciudad que, de forma unánime, ha manifestado su más absoluto rechazo a una actuación que obedece meramente a un interés comercial de la mercantil concesionaria del Puerto y que vulnera directamente el interés general de los ciudadanos y su derecho a que su ciudad les brinde unas condiciones óptimas de salubridad, seguridad, calidad paisajística y vida saludable. No queremos los depósitos de combustibles y esa es una postura totalmente inamovible”.

Las alegaciones hacen alusión asimismo a la vulneración del convenio de 1995 suscrito por el propio puerto de Alicante, además de por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento: “Esta actuación hace saltar por los aires el consenso histórico para la erradicación de este tipo de instalaciones en el Puerto de Alicante y que fue un hito histórico para la ciudad”.

Dicho convenio establece literalmente que “las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante”. A este respecto, Barcala ha destacado que “el propio Puerto suscribió este convenio, por lo que esta actuación contraviene sus propios actos, lo que no tiene ningún sentido. Lo que pedimos, por tanto, es coherencia”.

Otros argumentos esgrimidos en el documento de las alegaciones contra la instalación de los depósitos de combustible son que la actuación no reúne los requisitos legales para que pueda realizarse la evaluación ambiental “en su conjunto”, ya que no se considera la repercusión global de los distintos aspectos ambiental de la actividad.

A este respecto, el alcalde ha hecho hincapié en que “la tramitación ambiental debe realizarse teniendo en cuenta todas y cada una de las instalaciones pretendidas por la mercantil y la afección que la actividad pueda producir en su conjunto. Lo que no es de recibo es presentar un proyecto intencionalmente incompleto para que las licencias ambientales se tramiten por separado, eludiendo de esta forma que se pueda contemplar el impacto de la actuación global”.

Del mismo modo, el Ayuntamiento hace constar en sus alegaciones que en el trámite ambiental no se han trasladado las medidas de protección que se establecen para los supuestos de accidentes, por lo que “la inexistencia de esa documentación supone la nulidad del trámite de consultas, dado que son un requisito previo para el inicio de la tramitación como claramente se desprende de la normativa aplicable”.

Depósitos
Cabe recordar, que durante la sesión del Consejo de Administración del mes de septiembre, el presidente de la APA, Juan Antonio Gisbert informó que Terminales Marítimas del Sureste (TMS) solicitó, a principios del mes de agosto, una modificación sustancial de su concesión, para poder albergar seis depósitos de carburantes, con una capacidad máxima de 300.000 toneladas, que, conforme a la legislación vigente, ha de ser sometida a exposición pública para que, puedan presentarse, en su caso, las alegaciones que se consideren pertinentes. Este acto reglado no prejuzga el sentido final que, de acuerdo con la normativa aplicable, pueda adoptarse.

Por su parte el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se pronunció en relación a la propuesta para instalar seis primeros depósitos de combustible en el Puerto, para asegurar que la Generalitat no autorizará ninguna instalación que ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía. “En este y en cualquier otro caso, la Generalitat siempre apoyará la voluntad de la ciudad de Alicante”, afirmó. “Y por su puesto si se trata de alguna instalación que pueda ser peligrosa, jamás, en el marco de nuestras competencias, lo vamos a aprobar”, apuntó el presidente.

Además, apuntó que “el Puerto y la ciudad, tienen que hacer una reflexión sobre qué modelo de puerto queremos y la Generalitat estará ahí para colaborar, para darle la mayor potencialidad posible”.