El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que ante el nuevo ataque del Pacto del Botánico a la provincia de Alicante ha decidido ceder uno de los puestos que tiene el Ayuntamiento de Alicante en el Consejo de Administración del puerto a la Diputación de Alicante, y designar al presidente de la Diputación, César Sánchez, como consejero por el Ayuntamiento de Alicante.

Carlos Castillo y Barcala

El primer edil explicó en rueda de prensa que “la decisión del Ministro Ábalos a instancias del presidente Puig de excluir al presidente de la Diputación del consejo del puerto está enmarcada en una estrategia de acoso y derribo contra la provincia de Alicante”.

En este sentido Barcala incidió en que “tanto la Generalitat, como el PSPV y Compromís, quieren suprimir la Diputación y lo que esta institución representa para nuestra provincia, y la Diputación ha dado muestras, con presidentes de todo signo político, de liderar la defensa de los intereses de nuestra provincia”.

“El puerto de Alicante está en la capital y presta servicio a toda la provincia. Nos parece de todo punto una irresponsabilidad excluir a la institución que mejor está defendiendo los intereses de esta provincia”, aseveró el alcalde.

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Alicante, ante un nuevo ataque del pactó del Botánico a esta provincia, ha decidido ceder uno de sus puestos en el consejo del puerto al presidente de la Diputación.

Barcala agradeció al concejal de Hacienda y vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo que se haya ofrecido a ceder su sitio en el consejo, para que “Alicante esté representada en el Puerto por el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación”.

Además, destacó que tradicionalmente el presidente de la Diputación siempre ha tenido un puesto en el consejo del Puerto, y Barcala aseguró que “es inadmisible que ahora se tome esta decisión sectaria basada en intereses partidistas”.

Castillo señaló que “esta es una decisión inédita porque siempre se había respetado la presencia de la Diputación Provincial, con independencia del color político", y ha acusado a la Generalitat de llevar a cabo "una estrategia para desactivar política y económicamente a la Diputación de los espacios donde están involucrados los intereses de la provincia”.