El presidente del Comité de Empresa de la SAGEP del puerto de Alicante, José Castell, manifestó a esta publicación que “estamos buscado apoyo entre los distintos partidos politicos de la oposición, para conseguir votos en contra al Real Decreto-Ley sobre la reforma de la estiba en España”.

José Castell, presidente del Comité de Empresa de la SAGEP de Alicante

Además, Castell destacó que de no conseguir apoyos secundarán el paro a partir del día 6 de marzo, aunque manteniendo los servicios mínimos que pactarían con el Gobierno. Los estibadores Alicantinos acudieron a la reunión con Anesco celebrada la pasada semana.

Así Alicante se une, como es lógico, a una carrera de fondo por parte de la estiba para encontrar los apoyos políticos suficientes para lograr que el Decreto vuelva al Ministerio de Fomento. Algunos, como Unidos Podemos, ya ha dejado claro que votará en contra.

Ciudadanos apela al diálogo, pero se muestra ambiguo en cuanto al fondo del asunto, si bien se muestra favorable a cumplir la sentencia europea.

Quien de verdad decantará la balanza de uno u otro lado es el PSOE. En numerosas declaraciones públicas, diversos líderes han dejado claro que no votarán una ley que no esté pactada con los agentes sociales y que ponga en peligro el empleo de los estibadores. Sin embargo, fuentes del proceso recuerdan que fueron PSOE y PP los que acordaron de manera conjunta cambiar la anterior ley de puertos.

El Real Decreto-Ley rubricado el viernes no ha sufrido ninguna modificación respecto al presentado por Fomento a los agentes sociales con anterioridad. De hecho, algunas fuentes sindicales consultadas aún albergaban alguna esperanza en la mañana del viernes de que pudiera haber algún tipo de modificación. Finalmente no ha sido así.

Durante su comparecencia del viernes tras el Consejo de Ministros, De la Serna redundó en lo declarado anteriormente. Esto es, obligatoriedad de sacar el Decreto adelante, posibilidad de alcanzar acuerdos en el marco de la negociación colectiva sectorial y petición de responsabilidad al resto de grupos políticos del Congreso para convalidar el Decreto que cambia por completo el sistema de la estiba en España.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo pública la sentencia en diciembre de 2014, Gobierno, empresarios y sindicatos sabían que el sistema de la estiba en España debía cambiar. Hasta ahí, todos de acuerdo. El conflicto viene por la manera en la que el Gobierno ha afrontado el asunto. Y para ello hay que echar la vista atrás y ver cómo se han desarrollado los acontecimientos.

De la Serna, ministro
La anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, dejó en manos de empresas y sindicatos la responsabilidad de elaborar una propuesta. Pastor se comprometió a trasladar el acuerdo de los agentes sociales a Bruselas.

La interinidad del anterior Gobierno provocó que el preacuerdo al que habrían llegado empresas y sindicatos quedara en punto muerto.

El pasado año transcurrió con cierta calma, únicamente interrumpida por los ecos que venían de algunos puertos, enfrascados en la negociación para la renovación de sus respectivos convenios colectivos -como es el caso de Valencia-.

En noviembre de 2016, tras formarse por fin el Gobierno, Íñigo De la Serna toma el relevo de Pastor, y los agentes sociales entienden, sobre todo los sindicatos, que el nuevo inquilino de Fomento va a mantener la promesa hecha por Pastor. En el mes de diciembre se ratifica a José
Llorca como presidente de Puertos del Estado.

En sus dos primeros meses como ministro, De la Serna se vuelca en lograr un Pacto Nacional
por las Infraestructuras, dejando la reforma de la estiba en un segundo plano, aunque como se verá semanas más tarde, esto no significa que no se trabaje de un modo discreto.

Febrero negro
A finales del mes de diciembre, se hacen públicas las divisiones en el seno de Anesco, algo que inquieta a los sindicatos de la estiba, no tanto por la situación interna de la patronal, sino por las dudas que supone este nuevo contexto en el preacuerdo. Y llega febrero, y los nubarrones que antes se veían lejanos ahora están prácticamente encima. El jueves 2 de febrero, Íñigo De la Serna se reúne con sindicatos y empresas de la estiba. Les anuncia la existencia del Real Decreto y sus puntos básicos, aunque no facilita el texto a los agentes sociales. Anesco se muestra satisfecha con la propuesta, no así los sindicatos, que tras un primer momento de desconcierto, comienzan a moverse.

El 6 de febrero las centrales sindicales anuncian paros parciales para los días 20, 22 y 24 de febrero, y apelan a Anesco a mantener lo pactado. Un día después, la propia Anesco y PIPE -que engloba a las empresas inversoras en infraestructuras portuarias- responden. Y lo hacen posicionándose a favor de la reforma del Gobierno. La más contundente y clara es PIPE, mientras que Anesco empleará un lenguaje ambiguo e indefinido, algo que seguirá haciendo a lo largo de todo el proceso.

Pero las empresas no opinan todas lo mismo. O así por lo menos lo traslada Coordinadora cuando informa el 8 de febrero de la firma de un acuerdo con APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras. El sindicato de la estiba lo vende como un “triunfo de la negociación”, y traslada la idea de que la parte empresarial no está todo lo unida que se cree. No será esta la única firma de este tipo. Durante los próximos días, el sindicato de la estiba irá informando de cada una de las terminales que se adhieren a este acuerdo. Las empresas, sin embargo, aseguran que estas firmas se hacen bajo presión, sobre todo para evitar lo que Anesco llama “huelgas encubiertas”.

El 10 de febrero Fomento vuelve a reunirse con empresas y sindicatos. Se constata el alejamiento de posturas, aunque esta vez el Gobierno sí remite el documento a los agentes sociales, que acuerdan estudiar el texto y volver a reunirse. El 14 de febrero vuelve a haber un encuentro que se cierra sin avances. Es más, Fomento ya habla de presentar el Decreto en el próximo Consejo de Ministros (que tendrá lugar el 17 de febrero), y comienza a lanzar la idea de que es en la negociación colectiva sectorial donde empresas y sindicatos deben lograr acuerdos.

Un día después, Fomento recula y anuncia que va a retrasar una semana la presentación del proyecto si se desconvoca la huelga y sigue la negociación. Lo cierto es que De la Serna es consciente de la falta de apoyos para convalidar el Decreto en el Congreso, y además busca transmitir que ha hecho todo lo posible para que el Decreto sea consensuado.

Ante esta nueva situación, los sindicatos de la estiba responden desconvocando las movilizaciones y emplazando a Anesco a que cierre cuanto antes un encuentro. Sin embargo, la patronal dilata la decisión y no fijará una reunión hasta el martes 21 de febrero, algo que no gusta nada a Coordinadora y el resto de los sindicatos.

La reunión del 21 de febrero por la tarde vuelve a cerrarse sin acuerdo. El Gobierno no acude, pero nombra a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, como mediador.

El encuentro acaba pronto y mal, y los sindicatos de la estiba convocan nuevos paros, ampliándolos, pasando de tres a nueve días: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo.

Al día siguiente se producen nuevos encuentros, aunque sin resultados palpables. La única diferencia es el compromiso adquirido por Anesco en remitir el 28 de febrero un documento con su propuesta de subrogación de los estibadores puertos por puerto.

Nuevos frentes
Y llegamos así al viernes 24 de febrero, cuando se aprueba el Decreto.

Una vez que ha quedado comprobado que el Gobierno no ha reculado, se abren varios frentes en los que las partes implicadas afrontan un mes de marzo frenético, tanto si se convalida
finalmente el Decreto como si no.

Íñigo De la Serna apelaba el viernes a la responsabilidad de los partidos políticos. El Gobierno tiene mucho trabajo por hacer si quiere lograr la mayoría simple necesaria para conseguir dicha convalidación. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han criticado el modo en que De la Serna ha gestionado el conflicto. Todos piden un texto pactado y consensuado.