El Gobierno Valenciano, con Francisco Camps y Mario Flores a la cabeza, ha vuelto a reabrir el debate sobre el modelo de gestión aeroportuaria en la Comunidad Valenciana.

El último episodio lo protagonizaba el conseller de Infraestructuras y Transportes afirmando que quería reunirse con la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez para conocer cómo pretende el Gobierno gestionar los aeropuertos españoles.

Las reivindicaciones del Consell pasan por trasladar el modelo de los puertos al de los aeropuertos. O lo que es lo mismo, que el Consell pueda elegir a los directivos de los entes gestores de los aeropuertos, así como a una parte de los miembros de los Consejos de Administración.

Además, desde el Consell se tendría más peso a la hora de decidor futuros procesos de ampliación de estos recintos. Y es que una de las razones por las que Flores quiere verse con Álvarez es la de informarle de la necesidad de llevar a cabo mejoras en los aeropuertos de El Altet y Manises.

El mundo empresarial no ha tardado en posicionarse al lado del Consell. Diferentes dirigentes empresariales aplaudían la idea y afirmaban que la presencia de la Administración valenciana en los aeropuertos aseguraría inversiones privadas y beneficiaría a varios sectores, sobre todo al turístico.

A pesar de todo, estas mismas fuentes descartaron que los empresarios valencianos quieran inmiscuirse en un “posible proceso de privatización de los aeropuertos de Alicante y Manises”. Ni un solo día tardaba en responder la Ministra de Fomento, que comparecerá a lo largo de los próximos días en el Congreso para explicar el nuevo modelo de AENA que tiene en mente el Gobierno.

Las medidas que se presentarán se centrarán en la autonomía financiera de los aeropuertos, la cohesión territorial y la escisión de AENA en dos entidades diferenciadas, encargándose una de la navegación aérea y otra de la gestión aeroportuaria.

El “no” de los sindicatos
Sin embargo, desde los sindicatos ya han advertido que tanto las peticiones del Consell como el futuro nuevo modelo de AENA podría derivar en un proceso de privatización de los aeropuertos, algo que podría poner en peligro, por un lado, puestos de trabajo, dicen que los gestores estarán condicionados por la rentabilidad económica y competitividad y, por otro, las inversiones que garantizarían el futuro de los aeropuertos españoles y su rentabilidad económica.