Treinta años después de su constitución en 1977, como respuesta a una fuerte demanda social, el Club Náutico de Altea corre peligro de desaparecer al haber expirado la concesión administrativa que le concedió en su día el Gobierno Central.

La renovación, en esta ocasión competencia de la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, está sujeta ahora a un concurso público.

Según las bases del concurso, puntúa con 60 puntos sobre 100 la oferta económica, y concede tan sólo 40 a la gestión portuaria de calidad, deportiva y medioambiental. Estas condiciones suponen, de hecho, una ventaja para sociedades anónimas privadas, en detrimento de entidades sin ánimo de lucro que durante décadas se han encargado, con exclusividad, del fomento de los deportes náuticos en todas sus modalidades.

Además, la oferta económica fija como requisito una inversión mínima de 30 millones de euros (5.000 millones de las antiguas pesetas), cantidad del todo punto inalcanzable para el Club Náutico, que estaría irremediablemente condenado a desaparecer si la administración autonómica mantiene el concurso en esas condiciones.

“Precio de peaje”
Pero con todo, para el Club Náutico de Altea eso no es lo peor. La inversión exigida, que la directiva califica de “descabellada”, no tiene como destino las propias instalaciones portuarias, sino que 24 de esos millones de euros los invertirá la Conselleria en otros lugares.

“Se trata, pues, de un precio de peaje para concursar, y una forma de recaudar para que la Administración invierta en actuaciones ajenas a las instalaciones, para las que sólo se destinan seis millones de euros”, apuntaba el presidente del Club Náutico de Altea, José Román Zurutuza Reigosa, acompañado por la asamblea de socios para mantener y activar cuantas acciones sociales, administrativas, mediáticas y jurídicas se estimen convenientes en aras de evitar la desaparición del organismo tras 30 años de historia.

Con independencia de lo anterior, el canon anual a pagar a la Conselleria pasa de los 36.000 euros anuales actuales a un mínimo de 400.000 euros, lo que supone un aumento mínimo para concursar de más del 1.000%.

“Ello supone que los Clubs Náuticos quedan imposibilitados de concursar en tales condiciones, a menos que renuncien a su esencia y objeto del fomento del deporte”, afirmaba Zurutuza. “Se da primacía absoluta a las sociedades mercantiles con ánimo de lucro, que se dedican a la venta a precios desorbitados de los amarres resultantes, sin que su beneficio revierta al fomento del deporte”. “Es decir, que sólo las sociedades mercantiles o Marinas (no Clubs Náuticos) estarán en condiciones de concursar en claro perjuicio y detrimento del deporte náutico”, añadía el presidente.