Costas rechaza responsabilidades en la ampliación del puerto Campomanes
La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de medio Ambiente, ha rechazado cualquier responsabilidad en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea. Así lo hecho constar el director general de este departamento ministerial, José Fernández Pérez, a la Asociación Greenpeace España, quien el pasado día 20 interpuso una denuncia en los juzgados madrileños contra el director general de Costas por el inicio de las obras de ampliación del puerto deportivo de Altea.
En la carta remitida a Greenpeace por el director general de Costas, se achaca la responsabilidad del proyecto a la Generalitat Valenciana, "ya que la Comunidad Autónoma ostenta competencias en materia de puertos deportivos". El director general de Costas expresa ante Greenpeace su perplejidad frente a la denuncia" interpuesta por esta asociación ecologista. En este sentido la Dirección General de Costas remitió el primero de junio pasado a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana copia del escrito de la denuncia formulada por Greenpeace. Según indica el Ministerio, la Dirección General de Costas "tiene constancia" de que la Generalitat Valenciana vienen realizando un seguimiento ambiental del proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, y hace referencia al informe remitido el pasado 16 de mayo, "en el que no consta ningún incumplimiento ambiental, como tampoco se hace constar en los informes correspondientes a los meses anteriores".
Cabe recordar que Greenpeace presentó la denuncia el pasado día 20 respecto al incumplimiento de las condiciones que impuso el Ministerio para poder ejecutar las obras, entre ellos la elaboración de un Estudio de Dinámica Litoral, "en el que se determinen las afecciones a las playas y que debía de ser aprobado por la Dirección General de Costas" antes de la cesión de los terrenos, según afirmaron desde Greenpeace. Greenpeace que considera que Costas "debería haber velado por el cumplimiento de todos los condicionantes" y afirma que nada de esto se ha hecho por lo que podría significar que ha incurrido en la comisión de los delitos de prevaricación y omisión de diligencia. La responsable de costas del colectivo ecologista, María José Caballero, señaló que "el grave desentendimiento de sus obligaciones respecto al puerto de Campomanes podría constituir un delito, por lo que hemos puesto en manos de la justicia el caso".
La entidad ecologista destaca otros requisitos como la reducción de la superficie destinada en el proyecto a establecimientos comerciales, la limitación de alturas de construcción y de su actividad náutica deportiva de baja intensidad así como la prohibición de construir edificios destinados a usos residenciales o habitacionales.