El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la necesidad de agua para la provincia de Alicante y ha denunciado las políticas hídricas que lleva a cabo el Gobierno de España “que quieren castigar de forma intencionada a la huerta de Europa”.

Así lo puso de manifiesto, tras la reunión que mantuvo el jefe del Consell, acompañado del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, con representantes del sindicato agrario ASAJA-Alicante, en Alicante, donde han abordado la situación que atraviesa el sector y los retos de futuro que afronta, entre otros temas.

De hecho, uno de los asuntos tratados fue la decisión del Gobierno de España de negar al Consell la ayuda necesaria para modernizar las depuradoras de Oregia y Rincón de León de Alicante después de perderse los fondos europeos, que hubieran permitido ejecutar un proyecto valorado en
350 millones de euros.

“Hoy hemos tenido otra mala noticia, la enésima mala noticia de un Gobierno de España, que de forma intencionada quiere castigar a la huerta de Europa, que es Murcia, Almería, la Vega Baja y la provincia de Alicante. Hemos sabido que no va a haber vertido cero. Ese proyecto de 300 millones de euros que tenía que ejecutar el gobierno de España y que ha decidido no hacerlo”.

Pérez Llorca lamenta que esta decisión del Ejecutivo Central llegue después de que la Generalitat Valenciana cumpliera su parte del trato que era el de preparar un proyecto, aprobado por el Gobierno hace unos meses a través de un decreto de urgencia y necesidad para la defensa del vertido cero”.

Asimismo, ha lamentado que “parece que ahora no hay dinero para afrontar las inversiones hídricas en la provincia de Alicante, pero sí lo hay para hacer desaladoras y trasvases en Marruecos”.

A su juicio, las actuaciones del Ejecutivo Central “son un sabotaje del Gobierno de España a la provincia de Alicante”, pues, según ha recordado, la provincia de Alicante es una de las más perjudicadas en materia de inversión estatal, ya que ha precisado que “por cuarto año consecutivo es la número 52 en inversión”. Decisión que, en su opinión, “es una evidencia más de la intencionalidad del Gobierno de España de castigar a los vecinos de la Comunitat Valenciana y especialmente a todos los alicantinos”.