El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha aprobado el Plan Estratégico para el período 2018-2022, que fue ampliamente expuesto y debatido en el mes de julio.

Un momento durante la celebración del Consejo de Administración

Entre los acuerdos adoptados en la sesión celebrada la semana pasada, también cabe destacar que se ha otorgado la concesión administrativa, por concurso público y plazo de 30 años, para construir y explotar la terminal pública de graneles sólidos en el Muelle 17, a favor de Eiffage Infraestructuras. La adjudicación ha estado sometida a información pública durante un mes y no se han presentado alegaciones.

Asimismo, se ha aprobado una modificación no sustancial de la concesión otorgada a Terminales Marítimas del Sureste (TMS), por la que se autoriza un cambio en las inversiones comprometidas a realizar entre 2019 y 2020, por un importe superior a los nueve millones de euros, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la terminal.

Por otra parte, también se ha resuelto otorgar una concesión administrativa para ocupar y explotar una nave industrial en la parcela P-2 a Alicante Port S.L.

Imagen del muelle 17 donde su ubicaran las naves

También se aprobó una modificación no sustancial de la concesión administrativa otorgada a la Marina Deportiva del Puerto, ampliando en algo más de 3.000 metros cuadrados la superficie de lámina de agua de la que dispone.

Y por último, el otorgamiento de una segunda prorroga de la autorización de la gestión del servicio de apoyo a las labores de control en las Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías (IFCM) del puerto de Alicante.

TMS
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, ha informado al Consejo de Administración de que TMS solicitó, a principios del mes de agosto, una modificación sustancial de su concesión para poder albergar seis depósitos de carburantes, con una capacidad máxima de 300.000 toneladas.

Conforme a la legislación vigente, esta modificación debe de ser sometida a exposición publica para que puedan presentarse, en su caso, las alegaciones que se consideren pertinentes. Este acto reglado no prejuzga el sentido final que, conforme a la normativa aplicable, pueda adoptarse al respecto.