Bosaho recuerda que “la carga, descarga y almacenamiento de materiales como el cemento, coque de petróleo, yeso, grava y piedras machacadas, arcillas, o fertilizantes puede lanzar al aire partículas perjudiciales para la salud, por lo que debe realizarse con todas las garantías”.

La estiba de graneles en Alicante sigue estando en el punto de mira

En la exposición de motivos el grupo parlamentario de Unidos Podemos recuerda que la orden de suspensión incluye, además de una sanción de 70.000 euros, el requerimiento de cese inmediato de las labores de carga y descarga de graneles hasta que se eleven las pantallas móviles al menos un 10% por encima de estos materiales. “A día de hoy”, asegura la diputada de la formación morada, “estos trabajos continúan en las mismas condiciones de riesgo. No podemos olvidar que estamos hablando de los problemas sanitarios derivados de que un incumplimiento de la normativa ambiental, al haberse comprobado que entre el 18 de agosto y el pasado 25 de octubre, la carga y descarga de graneles superó en 20 días los límites de concentración de partículas contaminantes (PM10), según un informe de Medio Ambiente”.

En su informe, Medio Ambiente recogió la información de los cinco medidores existentes y concluyó que existía una amenaza de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de las concentraciones elevadas detectadas y que pueden suponer riesgo para la salud de las personas y que las medidas correctoras no se aplican adecuadamente, ya que la altura de los acopios de cemento supera a la de los cortavientos que deben impedir la difusión de las micropartículas tóxicas. Además, recuerda que los mismos medidores fueron instalados con retraso, “lo que ha dificultado el seguimiento y control del cumplimiento de los valores de calidad del aire para la protección de la salud”.

La suspensión fue recurrida por una de las tres empresas responsables de estas labores y estimada por un juez, pero Bosaho recuerda que “tras ese levantamiento puntual de la suspensión entre el 30 y 31 de diciembre, debía volver a aplicarse a partir del 1 de enero, estando vigente hasta el 2 de febrero, fecha en el cual la Conselleria debe resolver el expediente”.