Según explicó el presidente de la patronal alicantina, Francisco Gómez, “en caso contrario, se llame CEV o se llame como se quiera, no será representativa, será un invento de alguien que se atribuye de manera autónoma, exclusiva y personal la representación de toda una Comunidad, sin contar con todos y cada uno de los territorios que lo conforman. Dicho de otra manera, se procede con la usurpación del poder y del espacio que ha dejado Cierval, donde el que se autopropone no cuenta con el resto de actores”.

El objetivo es una entidad autonómica que garantice autonomía

En la reunión de las tres confederaciones en Castellón se ha establecido la necesidad de contar con una entidad autonómica en la que cada provincia aporte su propia idiosincrasia. El objetivo es que sea una institución que vertebre, atienda a los problemas territorios de cada provincia, y se comprometa a no ser defensora de una de las partes, sino del conjunto de la sociedad. El presidente de la gestora de la confederación de Castellón, Néstor Pascual, considera que “la defensa especifica de los intereses territoriales y concretamente de los empresarios de Castellón, no puede estar representada exclusivamente por una asamblea Valenciana: ¿acaso la CEV va a defender la regeneración de las Playas de Castellón, el problema de la liberación del peaje de la autopista, la carencia de infraestructuras en comunicaciones y carreteras, la proyectada y nunca empezada A-68?”. “¿Va a ocuparse directamente de la despoblación de los pueblos del interior y de las fincas agrícolas?”, añade.

Por su parte, Cristóbal Navarro, en representación de CEPYME Alicante manifestó: “solo desde el consenso y la negociación se puede llegar a una organización autonómica real y representativa de todos los empresarios de la Comunidad Valenciana”.

“La realidad empresarial no se identifica con un modelo todavía más servil que el anterior y que ha sido inventado por quien defiende que los presidentes de las organizaciones tengan retribuciones astronómicas con dinero público. Nos ponemos a trabajar de inmediato para frenar el atropello a los intereses de las provincias de Alicante y Castellón”, señaló Néstor Pascual.

Durante la reunión empresarial, también se han tratado problemas concretos que son comunes a todos los territorios, como la fiscalidad, la necesidad de mayores inversiones de fondos públicos de todas las administraciones, así como la urgencia en culminar obras como el Corredor Mediterráneo.

“Nosotros tenemos la obligación de dotar a la futura entidad de una doble capacidad de acción. Por un lado, defender a los diferentes sectores, razón por la que tanto como COEPA, CEC Y CEPYME Alicante estamos constituidos por el conjunto de entidades y asociaciones sectoriales de nuestro tejido empresarial. Somos la suma de todo ello. Pero, además, también debemos defender necesidades y problemas territoriales que, a veces, enfrentan a las provincias de nuestra Comunidad y en las que debemos, entre todos, llegar a acuerdos. Lo que no se puede consentir es que el todo, sólo sea una parte, y el resto se queden solos y desprotegidos”, concluyeron los tres presidentes.

Plan de acción
En el encuentro se ha acordado un plan de actuaciones inmediatas entre las que destaca solicitar a la Administración Publica una reunión como organizaciones provinciales, para tratar la problemática existente por la ausencia de una patronal autonómica reconocida que pueda ser la verdadera
representación empresarial del ámbito autonómico.

Además, está previsto anunciar el inicio de la constitución de una organización autonómica compuesta por las organizaciones provinciales, sectoriales autonómicas y otras que pudieran tener cabida, sin exclusión, y con un talante absolutamente integrador de todos los empresarios de la Comunidad Valenciana como solución alternativa a alcanzar un acuerdo de las tres Provincias. Finalmente, se acordó requerir a las distintas Administraciones Públicas donde existe representación institucional empresarial, para que no se lleven a engaño con la designación que consideramos ilegitima de miembros distintos a los propuestos por las organizaciones provinciales.