Ya no hay vuelta atrás ni más procesos negociadores, ni enmiendas ni nuevos proyectos, al menos de momento. El miércoles por la tarde, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba casi por unanimidad (348 votos a favor por uno en contra) la última de las enmiendas presentadas acerca de la Ley de Modificación de la Ley 48/2003, del 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. Se cierra, por tanto, un largo proceso que se abría en la primera legislatura del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que desemboca, por fin, en la tan ansiada Ley de Puertos que resiste cambios de Gobierno, o esa es, al menos, la intención.

Desde la la aprobación y puesta en marcha de la Ley 48/2003 por parte del Partido Popular, el sistema portuario español ha vivido expectante y temeroso de que un cambio en la Moncloa volviera a desestabilizar el panorama normativo. La llegada del PSOE al Gobierno vuelve a abrir estos temores, y se presenta un primer proyecto de ley que, tal como llega al Congreso, se retira por la falta de apoyos.

Será en 2008 cuando se elabore un segundo proyecto de ley. En medio, el conflicto abierto por la firma del IV Acuerdo Marco, que provocará que Anesco y Coordinadora demanden el cumplimiento de la ley vigente y la transformación de las Sociedades de Estiba en APIEs. La respuesta desde OPPE, presidida entonces por Mariano Navas, será un doble modelo de estiba, una alternativa con la que nadie está contento.

Pero será la llegada de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento la que dé al traste con todo lo escrito hasta entonces y plantee un nuevo modelo negociador. Esto se traduce en unas enmiendas que prácticamente suponen rehacer al completo la ley. Tanto PSOE y PP se afanan en buscar un acuerdo que desemboque en un texto duradero, y para ello mantienen contactos con el sector, llegando a reunir a más de una veintena de representantes en la Comisión de Fomento del 2 de diciembre.

Desde entonces, meses frenéticos por encontrar el beneplácito de todos, tanto en el sector portuario y logístico como en los demás grupos parlamentarios. La Comisión de Fomento aprobará el texto y lo remitirá al Pleno del Congreso, que a su vez lo enviará al Senado. Allí, una enmienda introducida por Coalición Canaria obligará a que el texto vuelva al Congreso. El miércoles 21 de julio de 2010 pasará a la Historia como la fecha en que el Congreso de los Diputados aprobó la nueva, y quien sabe si definitiva Ley de Puertos.

Un proceso lleno de vaivenes, que sólo es comprensible gracias a tres pilares básicos: el acuerdo entre PSOE y PP; el cambio al frente del Ministerio de Fomento y el pulso que lanzaron los sindicatos de la estiba de toda España.

ACUERDO PSOE-PP
El PP, gracias a la mayoría absoluta de su segunda legislatura, saca adelante la Ley 48/2003.

La respuesta del PSOE será interponer un recurso de inconstitucionalidad. A partir de 2004, con la llegada del PSOE al poder, se pone en marcha un nuevo proyecto que encuentra la oposición del PP, principalmente, lo que obliga a retirar el proyecto. En 2008, con la segunda victoria del PSOE, se elabora un segundo proyecto por parte del mismo equipo de Fomento y OPPE. Hasta aquí, tanto PSOE como PP no han encontrado puntos de encuentro.

Sin embargo, en octubre de 2009 ambas formaciones políticas sorprenderán con la noticia de un acuerdo que posibilitará una nueva Ley. Las bases de la reforma se sientan, aunque habrán de concretarse.

LLEGADA DE JOSÉ BLANCO AL MINISTERIO DE FOMENTO Y CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE OPPE
Meses antes de llegar al acuerdo, Rodríguez Zapatero decidirá hacer cambios en el Gobierno. Fomento no se libra de la crisis y José Blanco sustituirá a Magdalena Álvarez al frente del departamento. Esto provocará un cambio tanto en el segundo escalafón del Ministerio como en OPPE, que en mayo pasará a estar presidido por Fernando González Laxe. Aunque inicialmente Blanco anuncia que no cambiará mucho el proyecto, la verdad es que las propuestas de PSOE y PP van a suponer a un giro de 180 grados. Blanco deja fuera al tándem formado por Fernando Palao y Mariano Navas, y otorga a Laxe y su nuevo equipo la responsabilidad de elaborar un nuevo proyecto con la ayuda del PP. Serán las enmiendas que presenten ambos partidos los que abrirán la caja de los truenos de la estiba.

PULSO DE LOS SINDICATOS DE LA ESTIBA
Las enmiendas presentadas por PSOE y PP van a encender los ánimos de la estiba, sobre todo de Coordinadora, sindicato mayoritario. Un análisis no muy profundo del texto da a entender que algunas de las tareas que realizan los estibadores (tráfico rodado y short sea shipping, principalmente) pasarán a realizarlas otro personal. Se apuesta por un modelo totalmente privado y por unas condiciones a las empresas estibadoras en las que se tiene muy en cuenta los porcentajes de trabajadores en relación laboral común (estibadores propios de empresa).

La mecha se ha encendido. Coordinadora, UGT y CCOO convocan una huelga indefinida en todos los puertos. En un primer momento, PSOE y PP reculan y piden más tiempo. Los sindicatos congelan la huelga a la espera de nuevas noticias. Sin embargo, la nueva propuesta tampoco acaba de satisfacer a los convocantes, que retoman la amenaza de la huelga.

Finalmente, a última hora, PSOE y PP ceden (con las famosas transaccionales) y se desconvoca la huelga con una propuesta de sobra conocida por todos. Los ámbitos de la estiba quedan prácticamente como hasta ahora, y muchos lamentan la ocasión perdida para liberalizar de manera definitiva este servicio.

La nueva Ley de Puertos en España se ha aprobado y en breve se publicará en el BOE, aunque no será hasta el próximo año cuando comiencen a notarse sus efectos, sobre todo en lo relativo a las tasas. Con todo, será el tiempo el que diga que si es definitiva.