La Agencia Tributaria y la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio, han adoptado una serie de medidas para eliminar los despachos de aduanas de exportación de mercancías con destino a las Islas Canarias para expediciones de un valor inferior a 10.000 euros y para todas aquellas enviadas entre delegaciones de la misma empresa.

El 80% de la mercancias depachadas en Alicante tiene como destino Canarias

La entrada en vigor de esta nueva normativa ha levantado a seguidores y detractores. Por un lado, la Administración de Aduanas considera que con esta actuación se simplifican los trámites administrativos a los que se ven sometidas las mercancías en los intercambios entre Canarias y la Península.

Por su parte, representantes del Colegio de Agentes de Aduanas de Alicante manifestaban a esta publicación que “entendemos que esta medida no sólo afectaría a los Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros, sino también a muchos intermediarios que facturan los despachos que nosotros les facilitamos y en definitiva a la mayoría de las compañías que operan en el tráfico con Canarias”. En este sentido, añadieron que “siendo el tráfico con Canarias el que mayor número de empresas vinculadas a su actividad tiene en el puerto de Alicante, el impacto de esta medida perjudicará de manera generalizada a la mayoría de las compañías que actualmente operan en el puerto”. Además puntualizaron que “si es innegable que la liberalización en ocasiones favorece el comercio, a nuestro sector en Alicante le llega en el peor momento y sin capacidad para adaptarse al cambio sin tener que prescindir de personal”.

Impacto en Alicante
Desde el Colegio de Agentes de Aduanas se ha analizado el impacto que esta nueva normativa tendría en Alicante. Segçun ese análisis, en Alicante se despachan 218.000 declaraciones de exportación al año. El 80% son envíos a Canarias y de importe menor a 10.000 euros. “Esta decisión imposibilitará la continuación de la actividad del 95% de las Agencias de Aduanas y Representantes Aduaneros. Además, producirá el despido inminente de 100 personas dedicadas a la elaboración del despacho y supondrá un riesgo de desaparición de las principales compañías que se dedican a la paquetería”.

Además, desde el Colegio de Agentes de Aduanas advierten que “se produciría un desabastecimiento del comercio canario y la pérdida del 50% de la recaudación actual de la Agencia Tributaria en Canarias -El 50% es el porcentaje estimado de fraude actual de IVA en las operaciones intracomunitarias”.

Implantación progresiva
Fuentes de la Administración de Aduanas aseguraban a esta publicación que la aplicación de esta normativa sobre el Despacho Simplificado está pendiente de su aprobación en el BOE, pero se espera que pueda entrar en vigor el 1 de julio. Estas medidas se irán implantando de forma gradual.

Así, en una primera fase, en abril, se procederá a agilizar los despachos de mercancías que llegan a Canarias a través de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Para ello, se ha desarrollado un sistema mediante el cual los particulares y los empresarios o profesionales que sean personas físicas podrán efectuar el despacho aduanero y fiscal de la mercancía a través de un formulario simplificado.

Así, el comprador se evita costes derivados de su tramitación a través de intermediarios. El único requisito es ser persona física y disponer de un certificado o DNI Electrónico que permita identificar a la persona que presenta la declaración (DUA).

Si se trata de mercancías procedentes de terceros países, los particulares podrán presentar el DUA simplificado debiendo incluir la referencia del número de envío postal. En el caso de envíos intracomunitarios (mercancía procedente de otros Estados Miembros, o de Península y Baleares), Correos y Telégrafos facilitará al destinatario del envío el número de la partida de declaración sumaria necesario para presentar esta Declaración Simplificada.

La segunda fase de este programa de agilización de los intercambios comerciales comprende dos tipos de medidas. Por un lado las dirigidas a simplificar los procedimientos administrativos en los intercambios entre Canarias y la Península, y por otro los que van dirigidos a facilitar el comercio electrónico. La implantación de esta segunda fase se realizará antes del mes de julio, ya que los operadores requieren un periodo de adaptación.