Dentro de un contexto de medidas orientadas a superar las limitaciones estructurales de la economía brasileña, el gobierno de Dilma Rousseff ha impulsado la sanción de la denominada “Ley de Puertos”.

La normativa permite el ingreso del capital privado para la construcción de nuevas terminales portuarias, las cuales, a su vez, podrán proveer servicios a quienes deseen importar y exportar mercaderías. Bajo la anterior legislación, las compañías se hallaban obligadas a utilizar exclusivamente los precarios servicios portuarios estatales, los cuales estaban saturados, dados el bajo nivel de inversión y al mayor dinamismo del comercio exterior.

Con la nueva ley en vigencia, el sector privado podrá invertir en la construcción en nuevas terminales. En los primeros días después de sancionado el marco regulatorio, la propia presidente dio a conocer proyectos aprobados para la construcción de cincuenta terminales privadas, cuyo nombre técnico de ahora en adelante será “terminais de uso privativo” o “TUPs”.