La Asociación Naviera Valenciana, agrupa, representa y defiende a las empresas del sector marítimo/portuario, es decir, a los armadores de buques, a las empresas consignatarias de buques o agentes marítimos y a las empresas estibadoras u operadores portuarios.

Una de las obligaciones más importantes de nuestra Asociación, es defender los intereses generales y particulares del sector que representamos, que es el que, lógicamente, se ve más afectado que ningún otro por los acontecimientos y problemas que se produzcan en este ámbito del transporte marítimo y las operaciones portuarias.

Dentro de esta noble misión de defensa de intereses, evidentemente, incluimos también el mantenimiento de una línea de justicia y al mismo tiempo de severidad e intransigencia cuando corresponda, con todo el entorno del sector. Me refiero a las administraciones públicas, instituciones, empresas colaboradoras, etc.

Y en esta línea de comportamiento, tengo que referirme a los artículos publicados estos días en diferentes medios de comunicación, responsabilizando a la Autoridad Portuaria de las situaciones conflictivas que estamos sufriendo últimamente en nuestro puerto de Valencia, cuando precisamente está suficientemente demostrado, que la actitud de la Autoridad Portuaria, con su actuación en la última década, ha propiciado, que entre todos hayamos convertido al puerto de Valencia en lo que es en estos momento, es decir, el primero/segundo, en tráficos comerciales de todo el Estado Español.

Estas manifestaciones, desde nuestro punto de vista, suponen dos cosas: desconocimiento de esta problemática, indudablemente muy compleja, y quizás una forma de buscar un culpable concreto con autoridad y capacidad de decisión.

En nuestra opinión, realmente las razones de estas situaciones conflictivas que estamos sufriendo últimamente en nuestro puerto de Valencia, en algunos casos sin ninguna justificación ni social ni política, incluso sin ni tan siquiera cumplir la legislación vigente en materia laboral, activada y muy potenciada con toda la problemática de la Directiva Comunitaria en materia portuaria, por otra parte en estos momentos , aunque de manera coyuntural, obviada por el rechazo en votación del Parlamento Europeo, tienen unas connotaciones de carácter social muy arraigadas y de difícil resolución.

Desde nuestra perspectiva, como más afectados que nadie con estas situaciones, nos vemos en la obligación moral y empresarial de rectificar las opiniones volcadas sobre el particular, ya antes citadas, desmintiendo la posible única responsabilidad de la Autoridad Portuaria en un conflicto, que afecta, no solamente a los sectores productivos más directos, sino a la economía de toda la Comunidad Valenciana y que por tanto aconseja serenidad y la prudencia necesaria en las manifestaciones.”