La Comisión Europea ha autorizado, en el marco del Tratado CE sobre Ayudas estatales, una financiación pública de 800 millones de euros para un programa completo de apoyo destinado al sector textil y de la confección español.

El programa contiene medidas para la promoción de la investigación técnica, reindustrialización, innovación, exportación de productos españoles, formación específica y mantenimiento en el empleo de trabajadores de más edad.

Tras una profunda investigación, iniciada en noviembre de 2007, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas se ajustan a las normas sobre Ayudas estatales, tanto en virtud de los regímenes de ayuda aprobados, como de las excepciones para ayudas de pequeña cuantía.

La Comisaria de Competencia Neelie Kroes explicó que “tras una profunda investigación, la Comisión tiene el convencimiento de que el programa textil español no distorsiona indebidamente la competencia en el mercado”.

El programa textil español estuvo vigente desde junio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008, y no fue notificado a la Comisión. Fomentaba la investigación técnica, la reestructuración de zonas afectadas por cambios estructurales, los préstamos concedidos por la Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA) destinados a modernizar las PYMES, los préstamos preferenciales del ICO para la innovación, la participación colectiva en ferias y el asesoramiento sobre potencial de exportación, formación especifica y mantenimiento en sus empleos de trabajadores de edad.

La Comisión abrió una investigación detallada, el pasado 13 de noviembre de 2007, puesto que tenía dudas sobre la posible acumulación de las diferentes medidas ofrecidas por el Programa.

A lo largo de la investigación, las autoridades españolas aclararon las relaciones entre el Programa textil y los regímenes existentes ya aprobados por la Comisión, el Reglamento de ayudas de mínimos, los requisitos de acumulación y con las normas del Tratado CE que permiten la ayuda estatal para facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas”.

En especial, las autoridades españolas demostraron que, tanto sobre una base individual como acumulada, se había respetado el umbral de minimis de un máximo de 200.000 euros de ayuda a lo largo de tres años por empresa.

En cuanto a la medida sobre formación, su intensidad estaba por debajo del umbral impuesto por analogía por el Reglamento UE de ayudas a la formación y el Reglamento general de exención por categoría. En lo que respecta al empleo fue muy limitado.