El responsable de estiba del sindicato CC.OO., Joaquín Ezequiel, se reunió ayer en Valencia con representantes de esta organización en los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia: Gandía, Sagunto y Valencia.

El objetivo de este encuentro era explicar el contenido del Proyecto de Ley de Régimen Económico y Liberalización de Servicios Portuarios recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, así como analizar algunos aspectos que afectan al colectivo de estiba en estos tres puertos.

Según Ezequiel, esta ley está encaminada a beneficiar a grandes compañías o multinacionales y ni tan siquiera a las empresas estibadoras y, por supuesto, no a los trabajadores portuarios. En este sentido, aseguró que este sindicato está abierto a la propuesta de negociación planteada por Puertos del Estado. De hecho, el próximo 5 de mayo participará en la mesa de negociación que hay prevista para ese día y presentará su propuesta, que pasa por la retirada del título del Proyecto de Ley que hace referencia a la estiba, al considerar que no es necesaria una reforma en este sector, máxime teniendo en cuenta la prosperidad y desarrollo de los puertos españoles. Si a lo largo de estas negociaciones, no se termina por retirar este título, el sindicato continuará convocando jornadas de huelga como la de los próximos 28, 29 y 30 de abril.

El sindicato CC.OO. ha presentado una convocatoria independiente de la de Coordinadora, CGT y CIGA. El motivo, según Ezequiel, es que estas otras organizaciones solicitan la retirada completa del texto y CC.OO. considera que sí hay aspectos del mismo que pueden ser beneficiosos para distintos colectivos, como es el caso de la parte que alude a cambios en las Autoridades Portuarias.

Directiva Europea
En relación a la Directiva Europea, Joaquín Ezequiel, trabajador de la sociedad estatal del puerto de Sevilla y que ha sido nombrado responsable de estiba hace unas semanas, explica que ha quedado bastante “descafeinada”, al retirar algunos puntos que hacían referencia a la autoasistencia y las terminales dedicadas, entre otros. En este sentido, CC.OO. cree que existen muchas posibilidades de que esta normativa europea no sea finalmente aprobada y no entre, por tanto, en vigor.