El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Proyecto de Ley de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. De esta forma, el texto será remitido al Parlamento para su aprobación, si procede, y en ese caso será presentada al Senado para, si recibe el visto bueno, volver de nuevo al Parlamento, que procedería a su aprobación definitiva.

La presentación al Consejo de Ministros de este texto confirma la intención que expresó el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en el transcurso del X Congreso de Tráfico Marítimo y Gestión Portuaria, celebrado en Tarragona, de seguir adelante con esta normativa, aunque también aseguró que el proceso de negociación entre las partes implicadas sigue abierto.

El Proyecto de Ley se enmarca en una política económica dirigida a avanzar en la liberaliación del transporte europeo y, en particular, en la liberalización de los mercados del transporte de mercancías, así como en la necesidad de impulsar una política de transportes, nacional y europea, planificada desde un punto de vista multimodal, dando una mayor importancia estratégica a los puertos como elementos fundamentales del sistema general de transportes.

Objetivos
Uno de los principales objetivos de este Proyecto de Ley es adaptar el régimen económico, de prestación de servicios y de gestión de los suelos portuarios a un modelo de gestión de los puertos más eficaz y eficiente, reservando fundamentalmente al sector público la provisión y gestión de infraestructuras y de los terrenos portuarios. Por su parte, el sector privado se implicaría en la prestación de servicios en un marco de libre competencia.

En segundo lugar, este texto pretende estabilizar jurídicamente el marco tarifario de los puertos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 185/95. Además, con esta propuesta legislativa se quiere mejorar la competitividad de los puertos españoles en un sistema de transportes multimodal, crecientemente liberalizado, así como potenciar la posición geoestratégica de España como plataforma logística internacional.

Tal como consideró el Consejo de Ministros en su última sesión, para alcanzar estos objetivos el Proyecto de Ley desarrolla la competencia interportuaria sobre la base de la autonomía de gestión y la autosuficiencia económico-financiera de las Autoridades Portuarias. En este sentido, quiere potenciar la competencia intraportuaria a través de la liberalización del acceso a la prestación de los servicios portuarios e introduce nuevos elementos en la regulación del dominio público portuario en orden a la consecución de un completo desarrollo del modelo concesional y al incremento de la inversión privada en infraestructuras, instalaciones y equipamiento portuarios.

Apoyos
En un principio, el Anteproyecto de Ley, ahora ya Proyecto, no ha contado en los últimos meses con todo el apoyo necesario para encontrar el consenso, sin el que se ha presentado al Consejo el tercer borrador. A lo largo de tensas negociaciones, empresas estibadoras, navieras y consignatarias, remolcadores, prácticos, autoridades portuarias y sindicatos han planteado sus disconformidades. Pero son estos últimos, los representantes de los trabajadores portuarios, los que se han mostrado más rotundos en su negativa de aceptar esta normativa de acuerdo a los planteamientos de Puertos del Estado. De hecho, el sindicato Coordinadora de Trabajadores del Mar ya anunció que convocaría tres días de huelga si el Anteproyecto se presentaba al Consejo de Ministros.