El Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios (IDC) ha manifestado que la nueva Directiva propuesta contiene los mismos defectos que la anterior, que ya fue rechazada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2003.

De hecho, la actual propuesta fue planteada por la Comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, a escasos días de abandonar el cago.

De Palacio era consciente, según IDC, del impacto que este procedimiento iba a provocar entre los sindicatos portuarios e incluso entre los demás protagonistas de la industria portuaria. La Directiva se convertía así en una tarea imposible para el nuevo comisario, Jacques Barrots, quien se enfrenta a la desconfianza de los emprearios y a la abierta oposición de los sindicatos. IDC considera que la nueva propuesta ha sido impulsada con demasiada precipitación. Las recientes discusiones entre los protagonistas del sector indican que las probabilidades de que Directiva cuenta con un consenso común por parte de todos los implicados (algo que IDC siempre ha considerado un requisito previsto) son muy escasas.

IDC, con la responsabilidad que otorga la representación de miles de trabajadores portuarios en diez países europeos, ha sugerido en múltiples ocasiones la necesidad de impulsar un diálogo sincero y franco on la Comisión Europea y con los demás interlocutores, tanto económicos (estibadoras y navieras) como institucionales y políticos, según recuerda en un reciente comunicado.

Los portuarios europeos tienen, desde el principio, la sensación de que en las dos propuestas elaboradas por Loyola de Palacio subyace un espíritu antisindicalista, considerando que el verdadero objetivo de la Directiva es la expulsión de los portuarios profesionales de su puesto de trabajo y la introducción de peores condiciones laborales y económicas en los muelles europeos.

Foro
“IDC ha sido empujado a rechazar completamente la nueva Directiva porque no da respuesta a las necesidades de los puertos europeos y además agrava la tensión social”, señala este comunicado. En este sentido, IDC propone la inmediata creación de un Foro de Encuentro y Debate Portuario que estaría formado por representantes sindicales, empresariales e institucionales. A este Foro se sumarían los representantes de los diferentes grupos poíticos presentes en el Parlamento Europeo, así como miembros de la Comisión Europea de Transportes. El objetivo común es alcanzar un “Acuerdo por la competitividad económica y social de los puertos europeos”, que garantice la estabilidad y el crecimiento de los puertos.

Este objetivo no sólo buscaría el beneficio desde la perspectiva de los negocios, sino también
desde el punto de vista del transporte y del comercio comunitarios y, no menos importante, de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores portuarios.

IDC considera que el proyeto de Directiva pretende regular diversas áreas de un modo innecesario. Sería este el caso del “derecho a contratar personal de su propia elección”, lo que obviamente constituye una de las libertades básicas de la Unión Europea que sólo puede limitarse a las regulaciones de empleo y a los convenios colectivos. Su presencia explícita en el texto de la Directiva respondería a un objetivo oculto en opinión de la organización: justificar la expulsión de los trabajadores profesionales y su sustitución por otros peor pagados, pero formados y sin representación sindical.

Una de los principales rechazos hacia la Directiva surge de la mano de la “autoasistencia”, un término acuñado por la anterior comisión que, para IDC, tiene el objetivo de definir una práctica que permitiría a las compañías navieras reemplazar a los trabajadores portuarios con la propia tripulación de los barcos o su personal de tierra.

Finalmente, otra de las lagunas que detecta IDC se encuentra en la falta de regulación para el acceso a la profesión y a la cualificación profesional.