Las cifras de este informe, basado en los informes de los estados miembros, demuestran que pese a los grandes progresos a la hora de aumentar la participación de las partes interesadas en el proceso de gestión de la pesca y pese a las medidas para reforzar el cumplimiento de las mismas, es necesario hacer más para disuadir a los posibles infractores.

No obstante, las cifras, que pasan de 6.756 infracciones en 2002 a 9.502 en 2003, indican deficiencias persistentes en la calidad y uniformidad de la recogida y notificación de los datos pertinentes por parte de los estados miembros, lo que hace difícil cualquier comparación y evaluación fundadas. Por este motivo, la Comisión consultará a los estados miembros sobre cómo mejorar la recogida de datos sobre la detección y el seguimiento de las 19 infracciones graves a las normas de la política pesquera común (PPC) definidas en marzo de 1999.

“Un mejor cumplimiento de las normas es esencial para una pesca sostenible -declara Joe Borg, comisario de Pesca y Asuntos Marítimos-. Lejos de ser una práctica inofensiva, el incumplimiento de las normas de la PPC tiene un coste biológico, económico y social, por lo cual todos los que tienen un interés verdadero por una pesca sostenible no deben escatimar esfuerzos por aplicar las normas de la PPC y por el hecho de que los demás también lo hagan”.

Según el informe, España se encuentra entre los cinco estados miembros que detectaron el 88% de las infracciones notificadas. Los otros cuatro son Italia, Portugal, Grecia y Francia. Por su parte, España, Italia y Portugal, con el mayor número de buques, notificaron la mayoría de los casos, de los que la pesca no autorizada representa el 22% y la pesca sin licencia, el 17%.