Mariano Navas, presidente del Ente Público Puertos del Estado, visitó el puerto de Valencia para asistir a una de las comidas coloquio del Propeller Club de este puerto, presidido por Carlos Vicedo.

En su intervención a lo largo de esta comida, Navas explicó a los miembros de esta asociación que se está estudiando en la actualidad la modificación de la Ley de Puertos de 2003 y que para ello se están analizando los textos de 1992 y 1997, con el fin de obtener lo mejor de cada uno de ellos y elaborar una ley acorde con las necesidades de todos. Además, el presidente de Puertos del Estado aseguró que las tasas continuarán siendo tasa y en relación a la tasa por aprovechamiento de los espacios portuarios (o de actividad), un tema que preocupa especialmente a la comunidad portuaria, garantizó que ésta no será repercutida por las Autoridades Portuarias a los consignatarios. Al menos, así aseguró que lo han confirmado la mayoría de Autoridades Portuarias.

Tasas
En relación a las tasas, Mariano Navas adelantó que en la nueva Ley de Puertos será cada Autoridad Portuaria la que determinará sus tasas en función de la rentabilidad del suelo y de su plan económico de viabilidad.

Señaló también en este encuentro que la legislación que regula los puertos españoles es de las más próximas que hay a los criterios de la Unión Europea y que se diferencia notablemente de otros países miembros. En este sentido, puso como ejemplo a Italia o Francia, países en los que la recaudación de las tasas la realiza la Aduana.

APIE’s
Asimismo, Mariano Navas adelantó que en estos momentos se está estudiando un decreto ley para demorar al menos un año la transformación de las sociedades de estiba en Agrupación Portuarias de Interés Económico (APIE). Según el presidente de Puertos del Estado, el fin es conseguir que la nueva ley reconozca el papel de las Autoridades Portuarias en las sociedades estatales, ante el temor de que una gestión dependiente sólo de las empresas aleje el servicio de estiba de su carácter de servicio de interés público. En segundo lugar, este decreto ley tiene como objetivo demorar el impedimiento de que las Autoridades Portuarias tengan la capacidad de conceder autorizaciones a las empresas para prestar el servicio público de estiba.

Finalmente, en relación a la financiación de las ampliaciones en los puertos, Navas aseguró que prevalecerá la autofinanciación en función de los recursos propios del puerto, los que se producen por la actividad y la inversión privada en un marco de leal competencia.