El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este viernes la “desconexión con la realidad” del Gobierno central al trasladar sin matices la nueva normativa.

El conseller, que se ha reunido este viernes con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana para analizar el impacto real que la entrada en vigor del nuevo sistema de control está teniendo sobre la actividad diaria de los pescadores mediterráneos, ha exigido al Ministerio competente la paralización inmediata de las medidas más rígidas de la nueva normativa, como el Diario Electrónico de a Bordo (DEA) que “ahoga” al sector, así como la aplicación de la moratoria anunciada, con el fin de evitar un perjuicio irreversible al sector.

En concreto, Barrachina ha reclamado la suspensión de la obligación de comunicar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto con el detalle de las capturas, una exigencia que el propio sector considera imposible de cumplir en el litoral valenciano debido a la cercanía de los caladeros y a la inmediatez que caracteriza la faena diaria en el Mediterráneo.

La nueva versión del DEA, en vigor desde el pasado 10 de enero, obliga además a declarar todas las especies capturadas, eliminando el mínimo anterior de 50 kilos, así como a geolocalizar los buques de entre 12 y 15 metros de eslora. Estos requisitos son calificados por las cofradías como “trabas burocráticas absurdas” que no mejoran el control de la actividad pesquera, pero sí generan pérdidas de tiempo, incremento de costes y un riesgo real de sanciones injustas.

“No se puede aplicar una política de despacho sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos”, ha señalado el conseller, quien ha reclamado una aplicación flexible y adaptada de la normativa europea que permita garantizar el control de las capturas sin asfixiar a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana.

Barrachina ha recordado que el propio Reglamento europeo de control pesquero reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad, por lo que ha insistido en que “España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política”.

El conseller ha subrayado que la pesca valenciana es mayoritariamente artesanal, sostenible y de pequeña escala, y que cumple con las exigencias medioambientales y de trazabilidad. En este sentido, ha advertido de que “una aplicación rígida del DEA puede provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones procedentes de terceros países con menores exigencias”.

Asimismo, ha destacado que el sector pesquero valenciano capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros, lo que evidencia su peso económico y social en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Apoyo firme y cifras récord en ayudas
Frente a la rigidez del Gobierno central, el Consell ha reforzado sus políticas de apoyo directo al sector pesquero valenciano. En este sentido, el conseller ha confirmado que la inversión destinada a la modernización de infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará los 6 millones de euros en 2026, un incremento histórico que “demuestra la prioridad de la Generalitat por mejorar la competitividad del sector y garantizar su continuidad”.

“Exigimos al Gobierno de España que defienda al sector pesquero valenciano en Europa, que cumpla los compromisos anunciados y que no se limite a trasladar normas que ahogan a nuestros marineros y ponen en peligro su futuro”, ha concluido Miguel Barrachina.