Las entidades, al respecto del proyecto “Baluarte de La Marina”, consideran que se trata de una operación especulativa que responde únicamente a los intereses del Puerto y no al interés general. Denuncian que la cesión se ha realizado sin debate público y sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en la ciudad, como un canon millonario o la recuperación para uso ciudadano de parcelas portuarias situadas fuera del recinto portuario.

En este sentido, señalan como ejemplo el polideportivo con piscina que la APV mantiene en el barrio del Canyamelar, de uso exclusivo para su personal, y cuya reversión al uso público no ha sido siquiera planteada por la Alcaldía. Las asociaciones califican esta renuncia a defender el patrimonio municipal como una dejación de funciones muy grave en favor de un lobby concreto.

Respecto al rascacielos proyectado, recuerdan que durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal la Dirección General de Costas obligó a reducir la altura de un hotel de 15 plantas en Eugenia Viñas por su impacto paisajístico y patrimonial. Por ello, consideran injustificable que ahora se pretenda autorizar una torre de 30 plantas en un entorno donde lo que primero debería plantearse es recuperar la histórica Escalera Real para los ciudadanos antes de una operación mercantil para la APV.

Las asociaciones subrayan que los barrios marítimos necesitan sobre todo vivienda asequible para frenar la expulsión de su población y no proyectos que, además de agravar el problema, solo parecen destinados a favorecer los intereses económicos del puerto y sus problemas para costear unas obras de ampliación cuestionadas e insostenibles para el medio urbano y natural.

Finalmente, reclaman la paralización del proyecto, la apertura de un proceso transparente de debate público y una revisión profunda de la relación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, basada en la defensa del interés general, el respeto al entorno urbano y litoral y las necesidades reales de los barrios.