Las organizaciones ecologistas rechazan los argumentos de los responsables políticos del MIMAM, que sostienen que la modificación propuesta va encaminada a la mejora la Ley de Costas.

En concreto destacan los temas tratados en la reforma son fomento de las obras de interés general, facilidades a las concesiones y autorizaciones en dominio público, construcción y edificación en zonas inmutables (dentro de la servidumbre de protección) o la caducidad de los expedientes sancionadores.Estas organizaciones sostienen que en ninguno de los artículos se habla de la protección del dominio público marítimo-terrestre, de la defensa de su integridad, de la preservación de sus características y elementos naturales o de prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones.

Por otro lado, también piensan que se prescinde de la necesaria coordinación con las Comunidades Autónomas, planteando conflictos de competencias entre éstas y el Estados, lo que va en contra de la gestión integrada de las zonas costeras.

Según las declaraciones de María José Caballeros, portavoz de Greenpeace: “No se puede hablar de aumentar el nivel de protección cuando se están promoviendo los paseos marítimos en primera línea de playa sin control alguno”.