A falta de un análisis más detallado y profundo del proyecto de ley de los PGE correspondientes al ejercicio 2022, desde la CEV se realizan las siguientes observaciones.

El cuadro macroeconómico sobre el que se basan los presupuestos no tiene en cuenta la reciente evolución de la economía real ni las correcciones a la baja que se han realizado en las proyecciones para los próximos semestres. La previsión gubernamental de crecimiento para ejercicio 2022 plasmada en los presupuestos se sitúa en torno a medio punto porcentual por encima de las previsiones más recientes del Banco de España y de organismos internacionales.

Este matiz cuantitativo es relevante, ya que los estabilizadores automáticos (básicamente prestaciones por desempleo e ingresos por IRPF e IS) evolucionarán en 2022 de forma menos intensa a lo presupuestado, generarán un mayor déficit y elevarán los niveles de deuda pública previstos.

Con respecto al presupuesto de gastos cubierto con recursos nacionales (sin tener en cuenta los procedentes de fondos europeos), la CEV comparte la sensibilidad de avanzar en las políticas de promoción de bienes públicos de carácter preferente (que aumentan un 17,4 %), así como de protección y promoción social (que aumentan un 5,4 %, sin incluir gastos por desempleo), pero lamenta que las políticas dedicadas al tejido empresarial crezcan por debajo de estas medias. En concreto, “Industria y Energía” avanza un 5,13 %; “Agricultura Pesca y Alimentación” un 4,28 %, y en “Comercio, Turismo y PYMES” un 3,33 %. El significativo avance de los recursos presupuestados a esta última política, un 32,07 %, es debido al aumento del 52,83 % de los fondos europeos destinados a estas partidas.

Respecto del presupuesto de ingresos, el excesivo optimismo que sustenta el cuadro económico provocará unos grados de ejecución de recaudación real inferiores a los inicialmente estimados. Además, la CEV alerta sobre la incertidumbre que causa sobre los agentes privados la nueva reducción del importe máximo de las aportaciones a los planes de pensiones que son deducibles en el IRPF. Los incentivos públicos que pretenden fomentar las decisiones de ahorro e inversión de familias y empresas con efectos a largo plazo deben mantenerse en el largo plazo. Alteraciones adversas sólo generan inseguridad jurídica y desincentivan dichos proyectos.

Las inversiones directas territorializables en la Comunitat Valenciana ascienden en el proyecto de presupuestos a 1.208,61 millones de euros. Pese a que esta cantidad supone un incremento del 3,79 % con respecto a lo presupuestado en 2021, su monto equivale al 9,3 % del total de inversiones regionalizables en el conjunto del Estado; 0,3 p.p. menos que en el año anterior y 1,35 p.p. menos de lo que le corresponderían a la Comunitat según el criterio poblacional (10,65 %). En términos absolutos la diferencia de inversiones se eleva a 176,28 millones de euros. En términos per cápita, la Comunitat se sitúa, con 239,52 euros/habitante, sensiblemente por debajo de la media nacional (278,46 euros/habitante). A la vista de la distribución provincial, con 183,7 millones para Alicante; 179,1 millones para Castellón y 827,8 millones para Valencia, la provincia de Alicante vuelve a ser la gran damnificada en términos absolutos y per cápita. Con 98,95 euros/por habitante, se sitúa 177,51 euros/habitante por debajo de la media nacional. Esta brecha, que en volumen asciende a 336,33 millones de euros y viene produciéndose sistemáticamente, lastrará los niveles de competitividad y bienestar de las empresas y los ciudadanos de la provincia de Alicante.

Sobre las transferencias de capital para la realización de inversiones por importe de 269 millones de euros, así como sobre los 300 millones para los convenios de infraestructuras y para soluciones de movilidad innovadora, que en su conjunto compensarían el crónico déficit inversor en la Comunitat, dado que hasta entrado el ejercicio 2022 no se concretará su aplicación concreta, desde la CEV se realiza una valoración positiva, pero se insiste en que sólo aquellas inversiones que realmente se ejecutan pueden desplegar un impacto positivo sobre nuestro territorio.

Por todo ello, desde el punto de vista empresarial y regional, la CEV valora el aumento de las inversiones directas y transferencias para infraestructuras en esta Comunidad, pero insiste en los graves daños que el crónico déficit inversor causan los presupuestos estatales sobre la provincia de Alicante. También valora los avances en las políticas dedicadas al tejido empresarial, pero advierte de que gran parte de los incrementos se sustenta sobre los fondos europeos. Al respecto, insiste en la necesidad de que estos proyectos –y todas las inversiones presupuestadas- se ejecuten en tiempo y forma, y advierte de que los presupuestos post Next Generation EU deberán generar suficiente margen para que el apoyo al tejido empresarial no disminuya. Finalmente, con respecto a las previsiones de déficit y deuda pública, desde la CEV se advierte de que la realidad económica es y será menos dinámica de lo plasmado en el cuadro macroeconómico y esto se materializará en menos ingresos fiscales, más gastos por desempleo y en niveles de déficit y deuda pública superiores a lo previsto.