Quien contamina paga" fue el lema verde de la antigua ministra del ramo, Isabel Tocino. Hoy este spot ha evolucionado a: "Quien contamina cierra".

Pocos empresarios europeos son conscientes de las serias consecuencias económicas que supondrá la aplicación del Protocolo de Kioto a partir del 1 de enero del 2005. De hecho, el Gobierno español tiene un proyecto de ley que establece multas de 2 millones de euros y el cierre de las instalaciones hasta 2 años para las compañías que incumplan el Plan de Emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Un proyecto que en un principio se iba a presentar en el último Consejo de Ministros del pasado mes de julio, pero finalmente se ha retrasado.

¿El medioambiente es un mercado de emisiones?
El culmen del capitalismo es la creación de un mercado de emisiones medioambientales, un invento de la Unión Europea para preparar los exigentes deberes de Kioto. Le recuerdo qué hay detrás de esta denominación. El Protocolo de Kioto, auspiciado por la ONU en su convenio sobre cambio climático, y firmado en 2002 por la Unión Europea, tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus emisiones un 8%, fin para el que el ejecutivo comunitario ha diseñado un plan de reducción gradual. En el período 1990-2012, Kioto establece como máximo un aumento del 15% de las emisiones de CO2, objetivo que a España le va a suponer un esfuerzo titánico, ya que, según World Watch, la emisión de gases del país ha aumentado un 40% encabezando la lista europea de incumplidores. El Gobierno español repartirá las cuotas máximas de emisión de gases contaminantes en cada sector industrial de acuerdo con un Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones, que deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Mientras tanto, el ocurrente Ejecutivo comunitario ha diseñado dos herramientas para disciplinar a quienes presenten planes incompletos o no los cumplan.

En primer lugar, el procedimiento de infracción regular contra violaciones de la ley comunitaria, que prevé una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE y, en último término, una sanción económica. La otra alternativa se establece a través de una Directiva sobre comercio de emisiones, que contempla multas de entre 50 y 100 euros por tonelada de emisión a las factorías que sobrepasen sus cuotas. Según un informe de Price Waterhouse Coopers, España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superarán el umbral comprometido en el año 2012. Esta consultora estima "casi imposible" que España cumpla con las exigencias, y estimó que cumplir con los objetivos pactados en la UE costará a España un mínimo de 19.123 millones de euros, lo que supondría un desembolso anual que duplica lo que ingresó España por Fondos de Cohesión en 2003. Cuando en 2005 el Protocolo entre en vigor, más de 12.000 plantas industriales deberán ajustar sus emisiones a la cuota que les haya sido asignada. Sin embargo, para amortiguar el impacto económico del Protocolo, la Comisión creó el mercado de emisiones comunitario, un entrenamiento para el mercado internacional que se abrirá en 2008. El comercio de los derechos de emisión, que funcionará de un modo similar al mercado financiero de futuros. Permitirá a las compañías superar sus cuotas de contaminación siempre y cuando encuentren a otras compañías que no apuren sus cuotas y les vendan sus derechos sobrantes. El precio por tonelada fluctuará en función de la demanda y la oferta, entre los 5 y los 35 euros, según las estimaciones de la Comisión. Es decir, las compañías que contaminan hoy, lo seguirán haciendo mañana, pero pagando por ello. Habrá que ir pensando cómo se contabiliza este gasto, como inversión en inmovilizado material o en "inmovilizado medioambiental".

Por Manuel Carrillo