El ruido de cacerolas y sartenes ha saturado esta tarde la entrada a la embajada de España en Londres. Más de 100 trabajadores de British Airways se han manifestado ante la delegación española para protestar contra el plan del Gobierno de España de otorgar cientos de millones de dinero público a IAG para adquirir Air Europa. Unite denuncia que entre los propietarios de IAG se encuentran la familia real catarí y grandes fondos de inversión estadounidenses y que solo el 3% de la compañía está en manos españolas.

Unite ya ha presentado pruebas ante la Comisión Europea que demuestran cómo esta adquisición sería perjudicial en términos de competencia. Ahora el sindicato está preparando una queja oficial por si el Gobierno de España utiliza ayudas públicas para financiar la compra de Air Europa por parte de IAG.
Durante esta semana Sharon Graham, directora ejecutiva de Unite, ha escrito al vicepresidente Pablo Iglesias y a otros miembros del Gobierno de España para instarles a no entregar a IAG dinero de los contribuyentes. Graham ha señalado que «sería inaceptable que IAG recibiera ayudas del Estado para comprar una aerolínea a precio reducido para expandir sus operaciones y para el beneficio de sus accionistas. Mientras, la subsidiaria de IAG, British Airways, ha enviado notificaciones de ‘despido y recontratación’ a más de 30.000 de sus propios trabajadores/as, que ahora se enfrentan a un ataque sin precedentes a sus empleos, sus términos y sus condiciones. El impacto podría ser devastador. Muchos trabajadores con más de 30 años de servicio se enfrentan a recortes de hasta el 75%. Más de 170 diputados británicos de distintos colores políticos se han manifestado a favor de redistribuir los codiciados puntos de aterrizaje de British Airways en el Aeropuerto de Heathrow. Algunos se han referido a la actitud de la compañía como una ‘desgracia nacional’».