Hoy entra en vigor el código de seguridad ISPS o PBIP (Código Internacional de Protección Marítima), un código que afecta tanto a los buques como a las instalaciones portuarias.

El código PBIP es una consecuencia directa de los atentandos sufridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y promueve un conjunto de actuaciones en las instalaciones portuarias que presten servicios a buques de pasaje, de carga (con un registro bruto igual o superior a 500 toneladas) y a unidades móviles de perforación en mar abierto.

Este código representa la culminación de un intenso trabajo realizado por el Comité Marítimo de la Organización Marítima Internacional (OMI), desarrollado desde que se adoptó la resolución definitiva relativa al examen de las medidas y procedimientos existentes para prevenir los actos que ponen en peligro la integridad de los pasajeros, la tripulación y la seguridad de los buques.

De esta forma, los objetivos de este código no son otros que establecer un marco internacional para la cooperación de los gobiernos contratantes, los organismos gubernamentales, las administraciones locales y los agentes que intervienen en la actividad marítima para detectar y evaluar las amenazas para la protección marítima y tomar medidas preventivas al respecto.

La implantación del Código Internacional Para la Protección de Buques y de las Instalaciones, afecta a dos actores primordiales, esto es, el buque y las instalaciones portuarias. En este contexto, para esta implantación, se sigue un proceso coordinado por la Dirección General de la Marina Mercante, que es la entidad que verificará la implantación, emitirá el certificado de protección de buques y autorizará a las diversas organizaciones que se involucran en el proceso, su consecuente actuación. Dentro de las instalaciones que dan servicios a los buques, existirá un oficial de protección (OPIP) que será el encargado de coordinar la implantación de un plan de protección homologado de la Autoridad Portuaria. Para dicha implantación, cada Autoridad Portuaria deberá de realizar una evaluación exhaustiva que finalmente tendrá que ser aprobada.

Por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia se ha nombrado a tres OPIP, uno para cada uno de los recintos portuarios dependientes de la entidad.

En lo que respecta a la implantación en los buques, los inspectores de Capitanía Marítima verificarán la implantación del código en el buque; elaborarán un informe que emitirán a la Dirección General de la Marina Mercante, y ésta será la encargada finalmente, de emitir un certificado al respecto. Destacar en este contexto que respectao a las instalaciones portuarias, deberán realizar una evaluación de los posibles riesgos que puedan alterar la seguridad de los puertos, y tras llevar a cabo esta evaluación, ésta deberá ser aprobada por la Autoridad Asignada que en el caso de España corresponde a las diferentes Autoridades Portuarias.

Formación
Por otro lado y teniendo en cuenta que son veinticinco las instalaciones que dependen de la Autoridad Portuaria de Valencia: dos de ellas en Gandía, diecinueve en el puerto de Valencia y otras cuatro en Sagunto, durante el pasado mes de junio se han realizado las necesarias visitas para porceder a partir de hoy, a la implantación de las medidas de acuerdo a los resultados de la evaluación y lo definido en los planes de protección. Estas medidas se han complementado con unos cursos que se realizados en colaboración con la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana con el fin de proceder a la formación de los Oficiales de Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP).