En la Unión Europea (UE), cada minuto se envían de media más de 500 declaraciones aduaneras.

Ángel Urquizu, Susana Wong Chang y Alejandro Arola

Y las previsiones son que esta cifra vaya en aumento. Buena parte de estas declaraciones corresponden a compras que se realizan vía internet. Este dato da idea del gran reto en el que se ha convertido el comercio electrónico para las aduanas.

Así lo subrayó ayer Carlos Arola, CEO del grupo Arola y presidente de la Associació per a la Promoció del Port de Tarragona (Apportt), durante su intervención en la jornada ‘Comercio transnacional-economía digital: tributos y aduanas’, organizada en Tarragona por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Según los datos expuestos por Carlos Arola, en 2018 el valor del comercio electrónico en la UE ascendió a 602 millones de euros y el 25% de los vendedores de estos productos estaban situados fuera del espacio común europeo, “lo que da una idea de lo que supone en volumen de recaudación en Aduana”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “de cada 100 productos detectados que no cumplían con los estándares de comercialización europeos, el 60% era de procedencia no comunitaria y de éstos, el 53% procedía de China”.

El hecho de no cumplir con los requisitos de comercialización y evitar el pago de los impuestos correspondientes no solo supone “un riesgo para el consumidor sino que además genera un importante problema de competitividad para las empresas comunitarias que sí cumplen” con todos los requisitos legales, subrayó el CEO de Arola.

OEA, un aliado
Pero las armas de las administraciones aduaneras para luchar contra el comercio ilícito son limitadas y ahí es donde la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) emerge como aliado en la lucha contra el fraude y como colaborador necesario de la Aduana para hacer frente a los desafíos del comercio electrónico, tal y como explicó Alejandro Arola, presidente del grupo Arola y de la Fundación Aduanera, entidad colaboradora en la organización de la jornada junto al Port de Tarragona, el ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Colegio de Abogados de Tarragona.

Ángel Urquizu, Josep Lluís Díez Besora y Carlos Arola

En este sentido, Alejandro Arola, recordó que el OEA establece dos alianzas fundamentales. La primera es entre aduanas, con el fin de intercambiar información sobre seguridad y protegerse mutuamente. La segunda es entre las aduanas y las empresas, alianza donde se enmarca “la figura del operador económico de confianza en la cual el representante aduanero, agente de aduanas, importador o exportador, etcétera, puede enseñar a la Aduana cómo realiza sus operaciones; ésta le audita y pasa a ser operador de confianza. La Aduana, entonces, ya no focaliza el control sobre él y puede dedicar sus esfuerzos a aquellos operadores que no son de su confianza”.

Pero el OEA “no sirve únicamente como elemento de control y eficiencia, sino también de competitividad”, recordó el presidente de la Fundación Aduanera. “Estamos convencidos de que una Aduana competitiva convierte a un país en competitivo” porque “la Aduana es el motor fundamental en el comercio exterior de un Estado”, añadió Alejandro Arola.

Carlos Arola, por su parte, aprovechó su intervención para recordar que la nueva directiva europea sobre IVA que empezará aplicarse en el año 2021 en la UE también comportará un mayor control sobre el comercio electrónico, o esa es la idea. Aunque la eliminación de la exención de IVA para envíos de pequeño valor dejará de aplicarse y “todas las mercancías tendrán que ser declaradas”. Habrá que ver “cómo la Aduana lo va a poder gestionar, no solo por el número de mercancías que se presentarán a despacho cada día, sino también por cómo la Aduana va a hacer un análisis de riesgo y cómo se va a repartir el IVA a nivel de los distintos Estados miembros, de importación o de consumo del producto. Es un reto que la Aduana comunitaria tiene para los próximos años y que tendremos que ver cómo evoluciona”, planteó Carlos Arola.

La jornada fue inaugurada por Ángel Urquizu, director del departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero y director de la Cátedra de la Fundación Aduanera de la URV, y en ella participaron diversos expertos en materia aduanera, como Susana Wong Chang, miembro de la Cross-Border Research Association, y Jordi Solé Estalella, jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Tarragona, así como distintos catedráticos y profesores universitarios de Derecho Financiero y Tributario, entre otros.