El anuncio hecho por el Gobierno la pasada semana de rebajar un 10% la tasa de mercancías en los puertos españoles ha sido bien recibida por el sector naviero y portuario en España, aunque no todos los empresarios han mostrado el mismo entusiasmo.

Vicente Boluda

Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima, la Asociación Naviera Valenciana y la Asociación Valenciana de Empresarios, reconocía el pasado martes que “veo bien” esa rebaja, aunque enseguida matizó que le parecía insuficiente. En ese sentido, el líder empresarial quiso recordar que fue el mismo Gobierno el que hace tres años aumentó esa misma tasa un 25%, “por lo que aún debería rebajarla más”.

El empresario criticó que los usuarios de los puertos españoles son los únicos “usuarios de infraestructuras que pagan por utilizarlas”. algo que “estaría bien” si se diera en el resto de sectores. “Somos los navieros los que pagamos por esas infraestructuras, cuando en otros sectores no pasa”, denunció Boluda.

Desde hace tiempo, asociaciones empresariales como Anesco han pedido abrir un debate sobre la aplicación de dichas tasas portuarias. Para la patronal, esa rebaja anunciada es “positiva”, aunque debería extenderse a otras, comola tasa de ocupación del dominio público y la tasa de actividad. Anesco propone a Puertos del Estado fijar el 4% (actualmente es el 5,5%) como tipo de gravamen aplicable a la base imponible de la tasa de ocupación para actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios, así como otras actividades portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas.

Según Anesco, la actual política de tasas portuarias ha provocado que “exista una tesorería superior a los 1.300 millones de euros en el balance consolidado del sistema portuario estatal”.

Los ingresos del conjunto del sistema portuario, con un importe de la cifra de negocio consolidada superior a los 1.000 millones de euros, “proceden en su mayor parte de las diferentes tasas que devengan los concesionarios y usuarios de las Autoridades Portuarias”.

Esto provoca, según la patronal, una “generación de recursos económicos sin aplicación, que no contribuyen al desarrollo del tráfico marítimo, al desarrollo de inversiones privadas, al fomento empresarial, ni a la creación de puestos de trabajo”, además de “inversiones públicas que, en algunos casos, no responden a razonables criterios de rentabilidad económica o social”.