Por otro lado, el salario mínimo interprofesional se desvinculará de todas las percepciones públicas a las que sirve de referencia, excepto a las correspondientes al sistema de protección por desempleo.

En este sentido, el Ejecutivo establecerá otro indicador, el denominado de Rentas Públicas con Efectos Múltiples, que se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos.

En estos momentos, el salario mínimo interprofesional para el año 2004 asciende a 460 euros mensuales que se reparten en 14 pagas.

Además, Jesús Caldera informó la intención del Gobierno por reformar la pensión de viudedad en favor de otros familiares para lograr que la prestación se concentre en colectivos “más desasistidos”.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales manifestó la necesidad de analizar y acordar la simplificación de los actuales regímenes en dos, el de los asalariados y el de los autónomos, además de revisar las bases de cotización para acercarse a los ingresos reales de los trabajadores y reorientar las bonificaciones a la contratación, el impulso de la contribución, así como llevar la jubilación real a los 65 años incentivando la prolongación de la vida laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) tras el anunción hecho por el ministro sobre el incremento del salario mínimo interprofesional ha valorado todas aquellas iniciativas y actuaciones que se realicen para incrementar el poder adquisitivo de los colectivos menos favorecidos.

Desde el CSI-CSIF recuerdan también las promesas electorales del PSOE y solicitan medidas urgentes que lleven a la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. Al mismo tiempo, piden también que se determine la cláusula de garantía salarial que venga a solucionar los desfases que se producen cada año entre las previsiones del IPC del Gobierno y los resultados reales de la economía que han ocasionado importantes pérdidas de poder adquisitivo para los empleados públicos a lo largo de estos últimos años.

En este sentido, piden al Gobierno que haga efectivas las tesis a favor de los empleados públicos que han realizado como oposición.