Las empresas, a través del Bufete Serrano Asociados Urbanistas, solicitan que prolongue o extienda la medida cautelar de suspensión de ejecución de dichos Decretos. Desde el bufete recuerdan que estos últimos se encontraban ya suspendidos desde el pasado 15 de octubre, “al no haberse pronunciado expresamente el ayuntamiento sobre las peticiones de su suspensión dentro del plazo máximo legal del mes siguiente a la fecha de tal solicitud”.

Los representantes legales critican que el ayuntamiento no haya informado antes a las empresas

Los abogados, en un comunicado emitido en el día de ayer, aseguran que dichos Decretos están “suspendidos automáticamente” por “imperativo legal”, tal y como ha venido corroborando una “constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”.

Así, cualquier actuación administrativa que pretendiera desconocer dicha suspensión “comportaría una manifiesta ilegalidad, al invadir la potestad que ostenta el órgano judicial competente de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada y vulnerar el principio de tutela judicial efectiva”.

Desde el bufete argumentan que esta actuación, “generadora de importantes daños y perjuicios” tanto a empresas como a trabajadores y usuarios del puerto de Alicante, acarrearía un “supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración”. Responsabilidad agravada, según los abogados, al proceder la Concejalía de Urbanismo a “anunciar a través de la prensa y redes sociales el contenido de resoluciones administrativas antes de notificarlas en debida forma los interesados directamente afectados”.

El Bufete Serrano Asociados Urbanistas ha querido aclarar “ciertas inexactitudes e imprecisiones”. Según el despacho de abogados, no es cierto que el instrumento ambiental municipal para el desarrollo de la actividad de estiba de los graneles tenga que ser necesariamente licencia ambiental. “La ley admite expresamente en tales casos la posibilidad de acudir al trámite simplificado de la declaración responsable ambiental si se aporta una autorización autonómica de emisiones a la atmosfera y licencia de la Autoridad Portuaria, que es lo que hicieron las empresas estibadoras”, recuerdan desde el bufete.

En el caso de la actividad de tráfico de este tipo de graneles, la protección de la contaminación atmosférica “es competencia exclusiva de la Conselleria y se encuentra ya cubierta por la autorización de emisiones concedida” en las resoluciones del 21 de noviembre del pasado año y del 6 de abril del ejercicio actual. Los representantes legales de las empresas estibadoras aseguran que el ayuntamiento no ha cuestionado estas resoluciones, por lo que “no puede incidir en esta materia al conceder una hipotética licencia ambiental, ya que estaría invadiendo la competencia de la Consellería”.

Por otro lado, el bufete afirma que es falso que las empresas estibadoras hayan desistido de precedentes solicitudes de licencia ambiental. En diciembre de 2008 las tres empresas solicitaron al ayuntamiento licencia ambiental individualizada. En julio de 2010 la conselleria resolvió que “no procedía emitir informe individualizado respecto de cada una de las empresas por no ser concesionarias de muelles, sino, en todo caso, a la Autoridad Portuaria como titular de la instalación”.

A la vista de este informe, fue la Gerencia Municipal de Urbanismo, el 15 de octubre de ese mismo año, la que acordó el archivo de los tres expedientes de licencia ambiental incoados por las tres estibadoras, añadiendo que, al contar con licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, disponían con todos los permisos y autorizaciones necesarios para su ejercicio.