Hace unos días, la jueza Palacios dictó un auto por el que abre juicio oral contra Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui por presunto delito societario y apropiación indebida en el caso de los dos últimos.

De nada parece, han servicio por ahora los acuerdos del Consejo de Administración del Banco de Santander que concedieron a los sres. Amusátegui y Corcóstegui un premio fin de ejercicio profesional de casi 170 millones de euros (28.000 millones de las antiguas pesetas) por los grandes servicios prestados al banco por los que, parece ser, ya cobraban un adecuado, merecido y generoso salario.

Y, entre tanto, el ahorrador, accionista del Santander o de Fenosa, que ha padecido en los últimos años el recorrido descendente del valor en Bolsa y la espiritualidad franciscana del dividendo, haciéndose cábalas pensando en la deuda que, como minúsculo propietario del Banco, pudiera tener él con estos señores, que han venido administrando su dinero y no han formulado, que se sepa, queja alguna en cuanto a sus condiciones laborales mientras han permanecido en activo.

Así, el pequeño saltamontes, ignorado enlas Juntas Generales y en casi todo, tomó un buen día las de Villadiego y, en un Estado de Derecho, se fue a un Juzgado, expuso sus razones, se las admitieron a trámite y ha sentado en el banquillo al lucero del alba para que un Tribunal determine si se han lesionado sus legítimos intereses.

Con demasiada frecuencia para lo que sería deseable estamos viendo en los Juzgados nombres conocidos y sentencias ejemplarizantes que no contribuyen, a pesar de ser justas, a generar confianza en el ciudadano ahorrador.

Pero bien está que los derechos individuales, sean civiles, laborales o, como en este caso, mercantiles tengan no sólo una adecuada protección en el Ordenamiento Jurídico sino una respuesta inmediata de la Administración de Justicia.

De las solicitudes de indulto hablaremos en un próximo capítulo dedicado a la copla, al cante de las mismas y al reciente fallecimiento de Juanito Valderrama.